Un llamado a debatir sobre las hidroeléctricas

Por Carlos Hernando Olaya Rodríguez

Hoy se hace necesario retomar con urgencia lo ocurrido en el pasado y lo que pueda suceder en el futuro si se construyen más hidroeléctricas en el Oriente Antioqueño; teniendo en cuenta que el sector eléctrico ha venido privatizándose, comenzado a hacer parte de conglomerados económicos que ven en los ríos un prometedor negocio.

El atractivo para los inversionistas del sector eléctrico en el oriente se debe a la topografía e hidrología que tiene la región, lo mismo que la instalación de una extensa red eléctrica construida en años anteriores con recursos públicos. Por eso, se vislumbra la construcción en los próximos años de una serie de grandes, medianas y pequeñas hidroeléctricas en nuestros territorios.

La rentabilidad percibida se hace efectiva para los inversionistas porque no se contemplan los costos sociales, económicos, culturales y medioambientales ocasionados a las comunidades impactadas, en especial aquellas que se ven desplazadas de sus lugares de residencia. Tampoco se tiene en cuenta el impacto fiscal de los municipios con la entrega de los territorios y bienes comunes a grupos privados.

Respecto a las consecuencias para las comunidades sabemos que las familias que habitan aguas abajo y arriba de las represas, en particular aquellas que dependen de la agricultura y la pesca, sufren el deterioro de sus medios de subsistencia. También se sabe que la mayoría de familias que son desplazadas por la construcción de represas no son reconocidas como tales y por lo tanto no son reparadas; y en los casos que han sido reparadas, ha sido de forma insuficiente.

Por otra parte, todavía no se han establecido licencias de operación que aclaren las responsabilidades del propietario al terminar la vida útil de la represa, dejando en el aire quién se hará cargo de este problema, el cual, lógicamente, tendrá que ser asumido por la sociedad. Además, el costo de las obras se traslada a las tarifas que se cobran a los usuarios. Entonces cabe la pregunta de quién o quiénes se benefician realmente con este tipo de actividad.

En síntesis consideramos que el debate sobre las represas debe estar referido al significado, la finalidad y los caminos del buen uso de los bienes comunes naturales. La equidad, la eficiencia, la participación efectiva en la toma de decisiones, la sustentabilidad y responsabilidad, lo mismo que las disposiciones en materia de Derechos Humanos y de protección del medio ambiente deberán ser tenidas en cuenta prioritariamente en la aprobación o no de este tipo de proyectos.

En cualquier caso se requiere considerar previamente las necesidades de agua, alimentos y energía, definiendo claramente los objetivos del proyecto a emprender. Allí los aspectos sociales y ambientales son tan importantes como el factor de rentabilidad.

Consideramos, también, que se deben solucionar previamente cuestiones sociales pendientes en las zonas donde se han construido proyectos anteriores como es el caso de San Carlos, y reforzar medidas de mitigación y de recuperación ambiental y social en los que ya se han detectado graves fallas de diseño y ejecución como hoy se ve claramente en Hidroituango.

Por último, señalamos que en la actualidad existen opciones para el manejo del agua y la energía, incluidas el manejo de la demanda, aumento de la eficiencia de la oferta, y nuevas opciones de suministro que pueden satisfacer las necesidades de todos los sectores de la sociedad, sin tener que llenar de hidroeléctricas los territorios.

Los sistemas descentralizados de suministro de agua y energía en pequeña escala, el aumento de la eficiencia en el suministro y en los usos finales, así como el manejo de la demanda pueden ser mejores salidas, más baratas, beneficiosas y equitativas. 

Esto nos convida a realizar acciones para revertir el modelo de desarrollo extractivista que se viene imponiendo en el país sobre la base de la explotación intensiva de los escasos recursos naturales.

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